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ESTADO DE ALARMA COVID-19

  1. El estado de alarma viene regulado por el artículo 116 de nuestra Constitución, así como por la Ley Orgánica 4/1981.

¿EN QUÉ SITUACIONES ESTÁ PREVISTA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA?

El Gobierno, puede declarar el estado de alarma, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

  • Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
  • Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
  • Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.
  • Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

A diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. 

En este sentido, se prevé, entre otras, como medidas que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos; la práctica de requisas temporales de todo tipo de bienes y la imposición de prestaciones personales obligatorias; la intervención y la ocupación transitoria de industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier clase, con excepción de domicilios privados; la limitación o el racionamiento del uso de servicios o del consumo de artículos de primera necesidad; la adopción de las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por una paralización de los servicios esenciales para la comunidad cuando no se garanticen los servicios mínimos; y, en fin, la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento, siéndole aplicable al personal movilizado la normativa vigente sobre movilización. 

Esta medida tiene solo un precedente en la historia de nuestra democracia, con la crisis de los controladores aéreos, del año 2010. Entonces gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno justificó el decreto del estado de alarma porque el cierre del espacio aéreo español que había provocado la huelga de los controladores suponía la paralización de un servicio público esencial. En aquellas circunstancias, el Ejecutivo decretó que todos los controladores pasaban a tener la consideración de personal militar, de forma que si faltaban a su puesto de trabajo podrían incurrir en la comisión de graves delitos. El estado de alarma se decretó inicialmente por 15 días pero el Gobierno extendió su aplicación otros 30 días más.

El pasado sábado 14 de marzo de 2020, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, anunció la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que afecta a todo el territorio nacional durante los próximos 15 días. Sin embargo, todo parece indicar que este plazo no será suficiente y deberá ser prorrogado. Para poder ampliar dicho plazo, será imprescindible contar con la autorización del Congreso de los Diputados, donde algunos partidos políticos de la oposición (PP o VOX) ya han adelantado que lo apoyarán.

¿QUÉ DERECHOS SE VEN LIMITADOS O RESTRINGIDOS POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA?

El derecho que se encuentra limitado y que afecta más directamente al ciudadano es, la libertad de circulación de las personas.

¿QUÉ IMPLICA DICHA LIMITACIÓN?

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

  • Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  • Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  • Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  • Retorno al lugar de residencia habitual.
  • Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  • Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

Igualmente, está permitida la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de dichas actividades o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

Asimismo, la declaración del estado de alarma también supone la adopción de otras medidas como las medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, que suponen la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros docentes. 

Por otro lado, y para la tranquilidad de la población, también se han adoptado medidas para garantizar el abastecimiento alimentario, el tránsito aduanero o para garantizar el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural.

La situación de crisis sanitaria ocasionada por la aparición de esta nueva pandemia, requiere altura de miras y máxima implicación por parte del conjunto de la sociedad española, europea y mundial. Se trata de evitar que esta pandemia no se extienda con tanta rapidez, puesto que si sigue avanzando a este ritmo, puede terminar  devastando los servicios públicos y en particular, suponer el colapso de nuestra “joya de la Corona”, el sistema sanitario.

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